28/6/07

La CIA negoció con la Mafia el asesinato de Castro

Un documento recién desclasificado del Gobierno norteamericano confirma el viejo rumor: la CIA negoció con la Mafia un contrato para el asesinato de Fidel Castro. Ocurrió a comienzos de los años sesenta y los negociadores fueron Robert Maheu, un agente de la CIA en Las Vegas, y John Rosselli, el lugarteniente del capo de Chicago Sam Giancana. El acuerdo contó con la aprobación tácita de Robert Kennedy, hermano del presidente John Kennedy y fiscal general de Estados Unidos.
Giancana, según esos documentos, respondió que la Mafia aceptaba el encargo, pero sin cobrar un centavo por la cabeza de Castro. Al líder cubano, subrayó, se lo cargaban gratis.
El proceso de negociaciones y el acuerdo final fueron detallados en un informe secreto enviado en mayo de 1962 por la CIA a Robert Kennedy. Lo firma Sheffield Edwards, entonces jefe de seguridad de la agencia. Edwards le recuerda a Kennedy que la CIA ha promovido varios intentos de asesinato del líder cubano entre agosto de 1960 y mayo de 1961, y añade que, a la vista del fracaso, ha entrado en conctacto con la Mafia.
"La agencia", escribe Edwards, "propuso la cifra de 150000 dólares como pago por la operación, pero Roselli y Giancana subrayaron que no desean dinero". No obstante, la CIA adelantó 11000 dólares en concepto de gastos.
Este informe, del que sólo se hicieron dos copias, una para archivos de la CIA y la otra para Robert Kennedy, es uno de los 450 documentos recién desclasificados que serán incluidos en un libro del Departamento de Estado titulado Cuba 1960-1961.


Diario EL PAÍS, jueves 3 de julio de 1997

12/6/07

La Ley Torricelli, la Helms-Burton y otras agresiones recientes


mediados de 1992, el representante ultrarreaccionario Robert Torricelli presenta a la Cámara de Estados Unidos un proyecto de ley que lleva su nombre ¾el cual sería aprobado¾ y que reitera la decisión de EEUU de utilizar todos los medios posibles para aplastar a Cuba. Se quiere aniquilar al pueblo cubano por hambre.

La Ley Torricelli otorga potestad al Presidente de EEUU para aplicar sanciones económicas a los países que mantengan relaciones comerciales con Cuba. Dispone, por ejemplo, que los barcos no podrán entrar a puertos estadounidenses si anteriormente han llevado carga o pasajeros a Cuba.
En 1995, una nueva ley, la Hels-Burton, quiere frenar la inversión extranjera, arrogándose facultades extraterritoriales. Dicha ley otorga a los tribunales de EE.UU. el derecho a atender cualquier reclamación de ciudadanos norteamericanos supuestamente afectados por la pérdida de una propiedad en Cuba.